Explotación Certificada
Cómo Equitable Food Initiative y Fair Trade USA fallan en proteger a los trabajadores agrícolas en la industria mexicana de hortalizas
James Daria y Anna Canning
Octubre 2023
En cualquier época del año, en cualquier supermercado de los Estados Unidos se pueden encontrar bayas, tomates o pepinos frescos. En los envases de plástico, se declaran bajo las etiquetas: “comercio justo” y “cultivo responsable”, sin embargo, detrás de estas etiquetas los trabajadores que cosechan estas hortalizas viven y trabajan en condiciones de esclavitud moderna o “esclavitud del siglo XXI”.
Este informe examina los abusos a derechos humanos y laborales en el enclave agroexportador mexicano de San Quintín, a través de una investigación etnográfica sostenida. El informe recoge los testimonios de los trabajadores de las plantaciones que venden a estas marcas, y que se encuentran bajo la certificación de “Comercio justo” por la Fair Trade USA y “Cultivado Responsablemente, Asegurado por los Trabajadores Agrícolas” por la Equitable Food Initiative. Estos productos certificados se encuentran en las cadenas de suministro de dos grandes empresas, Driscoll’s y Andrews & Williamson. Esta última, aunque menos conocida, vende bayas para las marcas Good Farms, Limited Edition y Costco.
Más de doscientas entrevistas con trabajadores contribuyeron a las conclusiones de este informe, cuyos testimonios y perspectivas dan forma a un relato que desmiente las afirmaciones tanto de las marcas como de los certificadores, situando los testimonios de los trabajadores, en el centro del problema de la implantación de estas certificaciones en el sector de las hortalizas, así como de las investigaciones actuales sobre la forma en que estas iniciativas no protegen los derechos humanos.
Conclusiones claves
Las deficiencias de las certificaciones éticas en la corrección de las lagunas normativas radican en la debilidad de las normas y su aplicación insuficiente. Este informe profundiza gracias a un examen en profundidad de la evaluación de las normas de certificación, la legislación laboral mexicana y los convenios de la OIT. El informe pone en manifiesto que las certificaciones éticas no logran mejorar la situación de los trabajadores agrícolas en lo que respecta a la legislación sobre salarios, horarios, descansos y otras prestaciones a las que tienen derecho. Además, es común la falta de cumplimiento y la aplicación deficiente de estas normas. Esto se debe, en parte, a que los trabajadores carecen de formación para conocer sus derechos, tanto en términos legales como en el contexto de las certificaciones. Por tanto, a pesar de que tanto las normas de EFI como las de FTUSA prohíben estas prácticas, se observan violaciones generalizadas en las plantaciones certificadas en relación con la libertad de asociación, la negociación colectiva, el acoso sexual, el robo de salarios y las represalias.
Las certificaciones, en lugar de exponer la naturaleza explotadora de la industria agroexportadora, tienden a ocultarla. Las empresas multinacionales de productos agrícolas han ampliado considerablemente sus operaciones en el Valle de San Quintín en México, y las certificadoras han desempeñado un papel en esta expansión. Ayudan a restaurar la reputación de la industria después de incidentes repetidos de seguridad alimentaria y abusos laborales. Sin embargo, estas certificaciones encubren la realidad fundamental de la explotación, ya que los trabajadores que participan en la producción ganan en un día lo mismo que un trabajador con salario mínimo en California ganaría en una hora. Las certificadoras permiten que estas prácticas se comercialicen como "justas" y "equitativas".
Las iniciativas multipartitas, a pesar de su apoyo aparente a los trabajadores, socavan su capacidad de organización y benefician principalmente al poder empresarial. En particular, este informe analiza el desarrollo de la certificación EFI. Aunque una de las principales organizaciones de trabajadores agrícolas de EE. UU. participó en su fundación, el modelo de múltiples partes interesadas no ha logrado cumplir sus promesas en términos de beneficios para los trabajadores. Más bien, este informe examina cómo el modelo de representación de partes interesadas no protege a los titulares de derechos (los trabajadores agrícolas) y debilita su organización. En conjunto, estas certificaciones representan el surgimiento de una regulación privada complaciente con las empresas, que otorga a los empleadores aún más poder sobre sus trabajadores en nombre de abordar la escasez de mano de obra y profesionalizarla.
Los comités mixtos no abordan los desequilibrios de poder que propician los abusos. Tanto EFI como FTUSA dependen de su “Equipo de Liderazgo” y sus “Comités de Comercio Justo” para implementar sus programas, resolver conflictos y distribuir las primas. Sin embargo, los testimonios de los trabajadores revelan que, en el caso de los Comités de Comercio Justo, los trabajadores a menudo ni siquiera saben de su existencia. Aquellos que participan en los Equipos de Liderazgo de EFI los critican duramente por su incapacidad para resolver los problemas de los trabajadores y por su aparente conexión con aliados y familiares de los empresarios. En lugar de empoderar a los trabajadores, como se pretende, su impacto es precisamente lo contrario.
Los trabajadores relatan casos de trabajo forzaoso no detectado en las granjas certificadas. En este informe se presenta el testimonio de una plantación que ostenta la doble certificación FTUSA y EFI. Los trabajadores describen condiciones que califican como trabajo forzado según la definición de la OIT. Los trabajadores son reclutados mediante prácticas engañosas, se les retienen documentos y pagos, y se les aloja en condiciones insalubres y aisladas. Además, se analiza cómo tanto la organización sindical independiente como la presión externa pueden contribuir a la resolución de estos casos.
Contrariamente a la retórica de la "Mejora Continua", las normas laborales han disminuido con el tiempo. Un análisis exhaustivo de las normas demuestra cómo los procesos multipartitas han llevado a una reducción de las normas laborales, especialmente en lo que respecta a salarios y horarios. En lugar de indexar los salarios por encima del salario mínimo o comprometer a las marcas a respaldar los salarios de los trabajadores, las normas EFI se centran ahora en el pago de primas para compensar la diferencia. Los trabajadores en las granjas certificadas carecen de transparencia en la forma en que se calculan estas primas. Además, esta sección investiga las repercusiones del robo sistemático y generalizado de salarios en los ingresos de los trabajadores, una cifra que supera con creces el monto de las primas.
Las auditorías anuales no logran detectar los abusos debido a fallas estructurales significativas. Los trabajadores identifican varias razones fundamentales por las cuales las auditorías anuales no logran descubrir los abusos. En las granjas certificadas por EFI, una parte de la auditoría incluye una entrevista de grupo con los miembros del Equipo de Liderazgo, que es un comité mixto de la dirección y los trabajadores. Los trabajadores que participan en el Equipo de Liderazgo mencionan la intimidación y el temor a represalias basadas en experiencias previas como razones que limitan su participación. Además, describen el asesoramiento previo a la auditoría por parte de la dirección.
A pesar de la represión, los sindicatos independientes están consiguiendo algunas concesiones para los trabajadores. Los sindicatos de protección patronal (también llamados sindicatos charros o sindicatos blancos) están muy extendidos en las plantaciones, una violación del derecho de los trabajadores a organizarse que es habitual en toda la industria mexicana. Sin embargo, a pesar de que estos sindicatos son los titulares de los convenios colectivos oficiales de los trabajadores, el sindicato independiente SINDJA sigue apoyando y defendiendo a los trabajadores. En este informe se examinan casos en los que SINDJA ha apoyado negociaciones de huelga para conseguir salarios más altos, ha sensibilizado y, en última instancia, ha liberado a trabajadores de condiciones de trabajo forzoso, y ha hecho cumplir las condiciones del lugar de trabajo. Los sindicatos independientes no han dejado de denunciar que las certificaciones no defienden sus derechos y sólo sirven para “blanquear” los abusos.
Recomendaciones
A corto plazo, ya es necesario abordar el fracaso de las certificaciones a la hora de proteger los derechos humanos fundamentales que dicen proteger; de hecho, como muestra este informe, no sólo están fracasando en esa tarea, sino que están socavando activamente la organización independiente de los trabajadores, que tiene un potencial mucho mayor para defender esos derechos.
La participación en iniciativas multipartitas no es un sustituto del compromiso directo con los trabajadores organizados en cadenas de suministro y lugares de trabajo concretos. Las soluciones que aquí se proponen ofrecen algunos pasos hacia la reforma de la regulación privada de la agricultura transnacional mediante contratos vinculantes, organizaciones de trabajadores independientes fuertes y una aplicación de la legislación impulsada por los trabajadores, con contribuciones financieras significativas por parte de las empresas. Estos pasos son sólo un pequeño elemento de los cambios más amplios de dinero y poder necesarios para abordar realmente los abusos incorporados a la industria agroexportadora transnacional.
Para marcas y certificadoras:
Las certificadoras no deben otorgar certificaciones a proveedores con antecedentes de abusos en los derechos laborales, incluyendo la presencia de sindicatos patronales.
Las organizaciones de trabajadores independientes deben desempeñar un papel directo en el desarrollo y supervisión de cualquier programa destinado a proteger los derechos de los trabajadores. A pesar de su prevalencia, los sindicatos de protección patronal no pueden reemplazar el compromiso de los trabajadores.
Las marcas deben reemplazar las certificaciones voluntarias por acuerdos vinculantes con organizaciones de trabajadores independientes en sus cadenas de suministro para garantizar la protección de los derechos laborales.
Las marcas y certificadoras deben asegurar el cumplimiento de la legislación laboral nacional. No se puede permitir que las certificaciones voluntarias socaven o sustituyan el cumplimiento de la legislación nacional.
Las certificadoras deben insistir en la contratación directa de los trabajadores, reconociendo la contribución de la subcontratación laboral a la explotación, el trabajo forzoso y la falta de responsabilidad.
Las marcas deben garantizar precios que reflejen los verdaderos costos de las prácticas respetuosas con los derechos, incluyendo la producción y el cumplimiento de las normas.
Demandas de los trabajadores en el contexto normativo mexicano:
Para cumplir con lo anterior, los trabajadores hacen un llamado a las marcas, certificadoras y proveedores en el sector de productos de San Quintín a:
Poner fin a los contratos de protección patronal con sindicatos de empresa que vulneran los derechos de negociación colectiva y la libertad sindical.
Comprometerse en negociaciones de buena fé con los sindicatos independientes de trabajadores en sus sitios. Los proveedores deben dar prioridad a los agricultores que firmen convenios colectivos con dichas organizaciones de trabajadores.
Cumplir con la legislación laboral federal, la ley de seguridad social y los derechos constitucionales, que abarcan horas extraordinarias, vacaciones, prima dominical, pago de días festivos, utilidades, aguinaldo, entre otros.
Poner fin a las horas extraordinarias forzosas y asegurarse de que todas las horas extraordinarias sean voluntarias, sin presiones ni represalias por parte de supervisores, empleadores y sindicatos de empresa.
Garantizar el pago de las horas extraordinarias de acuerdo con la ley, como mínimo, o superior si se establece en un convenio colectivo con el sindicato independiente de trabajadores agrícolas, para asegurar una remuneración justa.
Poner fin a los contratos temporales a los que los trabajadores agrícolas se ven obligados a suscribir para mantener un estatus "temporal" que niega sus derechos laborales y de seguridad social.
Eliminar el trabajo forzoso, el acoso y la violencia sexual en el lugar de trabajo.
Poner fin a la subcontratación en la agricultura.
Fin al “salario integrado”, que incorpora prestaciones laborales y de seguridad social legalmente establecidas en las nóminas a corto plazo, reduciendo los salarios y erosionando los derechos a largo plazo en relación con pensiones y otras prestaciones.