Recientemente, varias ONG internacionales y colombianas presentaron quejas simultáneas contra las tres empresas accionistas de Cerrejón en Colombia, Glencore, BHP y Anglo American, alegando graves violaciones de derechos humanos y una devastadora contaminación ambiental por efecto de la actividad minera de Cerrejón. Las quejas se presentaron ante los Puntos Nacionales de Contacto (PNCs) de la OCDE en Australia, Suiza y el Reino Unido. Se presentó una queja adicional ante el PNC de Irlanda contra Coal Marketing Company (CMC) con sede en Dublín, un importante comprador de carbón de Cerrejón en las últimas dos décadas.
Las denuncias contra Cerrejón se suman a una gruesa pila de reclamos, decisiones judiciales en Colombia y denuncias contra la empresa, así como a un reciente llamado público al cese de algunas de sus operaciones mineras por parte de un grupo de expertos de Naciones Unidas (ONU). A pesar de estas acciones y las continuas denuncias públicas de varios grupos en Colombia y fuera del país, Cerrejón continúa operando con impunidad. ¿Cómo lo logra?
En este blog se expone cómo Cerrejón sigue operando con impunidad, a pesar de varias acciones y decisiones judiciales en su contra. Asimismo, aportamos un contexto general sobre los patrones históricos de violaciones a derechos humanos y la profunda degradación ambiental que tienen lugar en el área de operaciones de Cerrejón (La Guajira, Colombia), hogar de los Wayúu, el pueblo indígena más numeroso del país.
Colombia: tierra abundante en carbón y codiciada por Glencore, BHP y Anglo American
Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina, opera en el departamento de La Guajira, Colombia, desde la década de 1980. Siendo una subsidiaria de Exxon, Cerrejón fue adquirida por Anglo American, BHP Billiton y Glencore a principios de la década de 2000. Hoy, Cerrejón es una de las tres principales empresas productoras de carbón de Colombia, junto con Drummond Co. y Glencore. La empresa también es considerada una de las diez minas más grandes de carbón del mundo, y la gran mayoría de su carbón se exporta a Europa.
La Guajira es un departamento importante en la producción de carbón. El subsuelo de esta región es rico en este mineral, y su explotación ha sido intensa, a pesar de la presencia histórica de las comunidades en la región, la existencia de resguardos indígenas y los santuarios naturales que allí se han identificado. Aunque el pueblo Wayúu ha habitado la región durante siglos, su territorio, así como el de otras minorías, ha quedado atrapado entre las concesiones mineras y un conflicto armado continuo.
Existe una sombría historia de desplazamiento forzado, violencia y daños a la salud de las comunidades étnicas vinculada a las operaciones de Cerrejón. Por ejemplo, en 2001, la Comunidad Afrocolombiana de Tabaco fue desplazada forzadamente en beneficio del proyecto minero de Cerrejón. La comunidad recuerda este reasentamiento involuntario como uno de los desalojos más brutales vinculados a un proyecto minero en Colombia.
El incumplimiento de órdenes judiciales
Las acciones judiciales contra Cerrejón muestran cómo la empresa ha interferido con los derechos a la vida, a un medio ambiente sano, al agua, la salud, la seguridad alimentaria y el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades en La Guajira. Estas violaciones se atribuyen a los ambiciosos proyectos de expansión de la mina que han traído consigo esfuerzos agresivos para desviar ríos; el excesivo consumo de agua y la contaminación sistemática de fuentes hídricas, aire y suelo; así como la falta de compromiso con las comunidades para llevar a cabo procesos de consulta adecuados. Particularmente, la contaminación y la escasez de agua son la mayor amenaza para los niños y el pueblo Wayúu en general. Indígenas y afrodescendientes afectados resaltan que las acciones de Cerrejón han causado graves daños culturales y sociales a sus comunidades. Muchos de estos problemas se han producido en el contexto de un conflicto armado que ha durado décadas en el país.
En los últimos años, para aumentar la producción de carbón, la empresa ha buscado ampliar la mina de carbón a cielo abierto. Este proceso de expansión ha implicado la remoción de acuíferos y suelo, la tala de bosques y la desviación de ríos, incluido el Arroyo Bruno, una importante fuente de agua para varias comunidades.
En el 2015, líderes indígenas de tres comunidades Wayúu (La Horqueta, La Gran Parada y Paradero) presentaron un recurso de amparo, denominado Acción de Tutela en el sistema jurídico colombiano, alegando que el proyecto de desvío del Arroyo Bruno amenazaba sus derechos constitucionales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud, así como el derecho a la consulta previa. Los Wayuú sostenían que los estudios ambientales que respaldaron el proyecto no eran confiables y que la empresa no había involucrado a las comunidades en el proceso de toma de decisiones, a pesar de que las mismas resultaban directamente afectadas por la desviación.
A través de una inspección judicial, el tribunal encontró que el proyecto de desviación no incluía, o que incorporaba de manera muy pobre, variables esenciales para evaluar el verdadero impacto ambiental que ocasionaba el desvío del Arroyo Bruno. Este hallazgo fue confirmado más tarde en el fallo. A través de una sentencia de unificación, la Sala Plena de la Corte señaló que la empresa no había tenido en cuenta en su estudio las frágiles condiciones ambientales de la región: más del 75% del área de La Guajira está desertificada, los niveles de precipitación son bajos, el agua dulce escasea y la región está altamente expuesta a los efectos de la crisis climática. Asimismo, los magistrados señalaron que Cerrejón tampoco había considerado en su estudio los efectos ambientales acumulados de más de treinta años de actividades mineras a gran escala en el área. Al ignorar estas variables, todas fundamentales para determinar el verdadero impacto social y ambiental del proyecto, el tribunal concluyó que Cerrejón había adoptado un conveniente enfoque segmentado y parcial. Este enfoque le permitía a la empresa simplificar los impactos del desvío del Arroyo y, en cierta medida, mostrar que no eran gran cosa. Tras este análisis, la Corte encontró inaceptable la conducta de la empresa y de las autoridades encargadas de aprobar el plan de ambiental de la operación minera. En consecuencia, se determinó que tanto las entidades gubernamentales como Cerrejón habían violado el derecho de las comunidades Wayúu al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud.
Desafortunadamente, para la época en que el tribunal adoptó la decisión (Noviembre de 2017), Cerrejón ya había empezado a desviar el Arroyo. En estas condiciones, la Corte ordenó que, con la participación de las comunidades, debía darse continuidad a la “Mesa Interinstitucional” que ya venía funcionando con el propósito de que en el corto plazo se decidiera si debía restablecerse el cauce natural del Arroyo y dar marcha atrás al desvío. Sin embargo, tres años después de la decisión, Cerrejón no ha cumplido con el fallo. En julio pasado, la Contraloría General en Colombia advirtió que la Mesa Interinstitucional había decidido no devolver las aguas superficiales del Arroyo a su cauce natural y mantener el desvío con base en información débil, superficial, incompleta y sesgada. Y más grave aún, la Mesa adoptó esta resolución sin generar espacios de participación suficientes para las comunidades afectadas.
¿Cómo pasó esto? En parte, porque algunos de los documentos utilizados para sustentar la conclusión de la Mesa fueron proporcionados por Cerrejón. Hoy, Cerrejón continúa negando cualquier irregularidad y afirma que la empresa ha llevado a cabo su trabajo con los más altos estándares, a pesar de que las conclusiones de la Corte Constitucional y del Contralor General demuestran lo contrario.
Por otra parte, Cerrejón también ha retrasado el cumplimiento o no ha cumplido con muchas otras decisiones judiciales. En 2015, un juez falló a favor de Moisés Guette, un niño Wayúu de dos años, quien padecía problemas respiratorios agudos atribuidos a la contaminación del aire provocada por la mina del Cerrejón. A pesar de negar su responsabilidad, el tribunal, nuevamente, ordenó a Cerrejón (y al gobierno colombiano) tomar medidas para reducir los niveles de contaminación en su área de operación. Sin embargo, dos años después de esta decisión, las comunidades informan una falta de esfuerzos adecuados por parte de la empresa para abordar este asunto. De hecho, las comunidades afirman que ha habido un aumento en los niveles de contaminación.
En otro caso, la Corte Constitucional de Colombia nuevamente falló a favor de los Wayúu, encontrando que Cerrejón había violado el derecho de las comunidades a la consulta previa, libre e informada (De acuerdo con las obligaciones internacionales del Estado Colombiano en relación con el Convenio 169 de la OIT). Cerrejón afirmó que la comunidad Wayúu en cuestión no formaba parte de la “zona de influencia” del proyecto minero, no resultaba afectada y por lo tanto no necesitaba ser consultada. No obstante, el tribunal llegó a la conclusión contraria y ordenó a la compañía que garantizara el derecho de las comunidades a ser consultadas y revisará sus protocolos internos para abordar adecuadamente los impactos ambientales. Años después de esta decisión, las comunidades informan que Cerrejón aún no ha cumplido plenamente.
Un estudio reciente publicado por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) detalla los patrones históricos de violaciones de derechos humanos de Cerrejón contra las comunidades y proporciona una lista completa de decisiones judiciales contra la empresa. El estudio incluye un sumario de catorce decisiones judiciales en contra de Cerrejón y analiza el incumplimiento generalizado de la compañía. En respuesta al estudio, Cerrejón nuevamente niega responsabilidad por estas violaciones y afirma que han actuado de buena fe, implementando estándares aceptables de conducta.
Un llamado para detener la minería en la Guajira y proteger al Pueblo Wayúu
En septiembre de 2020, un número importante de expertos independientes de Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno de Colombia que suspendieran algunas de las operaciones de Cerrejón, dados sus impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana. David R. Boyd, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente afirmó que no se había hecho lo suficiente para proteger al pueblo Wayúu y pidió el cese de la actividad minera cerca de la comunidad Wayúu de Provincial. Seis relatores especiales más y cuatro miembros del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos apoyaron este llamado.
Particularmente, dichos expertos enfatizaron en que esta mina es el mayor contaminador de agua de la región. Junto con la polución del aire y el suelo, la empresa desvía arroyos, utiliza innumerables ríos y vierte agua contaminada con metales pesados y productos químicos a las fuentes hídricas. Esta mezcla explosiva de respirar aire contaminado y no tener suficiente agua limpia, especialmente durante una pandemia global, podría ser mortal para el pueblo Wayúu. A pesar de este llamado urgente, no hay evidencia de que Cerrejón haya tomado medidas drásticas. Hasta febrero de 2021, al menos 1,211 miembros de la comunidad Wayúu han resultado contagiados con COVID-19. La falta de acceso a agua potable es una de las principales razones que imposibilita que las comunidades Wayúu puedan adoptar medidas de prevención efectivas.
¿Cerrejón seguirá impune?
Cerrejón es experto en negar irregularidades (a pesar de los fallos judiciales que demuestran lo contrario), no cumplir con decisiones judiciales, retrasar procesos mediante fuertes campañas de relaciones públicas e interferir con los procesos oficiales para obtener un resultado favorable. Esa ha sido la manera tradicional en que Cerrejón ha operado con impunidad. Sin embargo, las últimas denuncias presentadas ante la OCDE muestran un punto de inflexión en esta historia: al menos esta es la esperanza para miles de víctimas, innumerables comunidades afectadas y varias organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales.
La historia de Cerrejón demuestra la importancia de encontrar soluciones estratégicas y creativas para hacer frente a las violaciones de derechos humanos y daños ambientales cuando ni las órdenes judiciales parecen ser suficientes. Este escenario podría abrir un camino prometedor en la evolución de los estándares internacionales en este tipo de casos cuando las leyes nacionales y los mecanismos de protección de derechos son desatendidos por las empresas y, por lo tanto, su implementación se queda corta en terreno. Por ejemplo, cabría utilizar el caso de Cerrejón para ilustrar el papel crucial que podría desempeñar un eventual tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos para garantizar los derechos de los grupos más vulnerables a su actividad económica. Ahora que abogados y activistas están recurriendo con mayor vigor a ciertos mecanismos del ámbito internacional, como la OCDE, tendremos oportunidad de examinar si estos instrumentos realmente allanarán el camino para que las víctimas de abusos de derechos humanos y daños ambientales encuentren justicia.
Tatiana Devia es abogada de Corporate Accountability Lab y Luisa Gomez Betancur es miembro del Brain Trust de CAL.
Este post de blog también está disponible en inglés.
