En 2019, dos tercios de los asesinatos a defensores del medio ambiente en todo el mundo tuvieron lugar en América Latina. Esta tendencia no es nueva. En la última década, las comunidades que defienden sus tierras ancestrales y ecosistemas altamente biodiversos en esta región han sido consistentemente las más afectadas a nivel mundial: entre 2009 y 2019 se registraron al menos dos mil eventos victimizantes contra hombres y mujeres y doscientos contra organizaciones que defienden el medio ambiente y la tierra. Casi la mitad de las agresiones han sido contra miembros de comunidades étnicas para quienes además, la puesta en marcha de proyectos a gran escala en sus territorios ya trae consigo consecuencias devastadoras. Actividades como la agroindustria y la extracción de hidrocarburos como el petróleo y el gas, han sido los principales sectores en torno a los cuales los líderes agredidos han expresado su preocupación. En este contexto, el Acuerdo de Escazú es un paso decisivo para proteger a las defensoras y defensores de derechos humanos en materia ambiental. Es el primer tratado del mundo que tiene como objetivo proteger a los defensores del medio ambiente de las amenazas y la intimidación, e incluye disposiciones relacionadas con el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia. Con todo, la comunidad empresarial de América Latina se siente amenazada por la puesta en marcha de este instrumento y ha cabildeado en contra de su firma y ratificación.
Además de presentar un panorama general sobre las dificultades y riesgos que enfrentan defensores y defensoras del medio ambiente en América Latina, este blog explica cómo el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental regional vinculante para América Latina y el Caribe, podría protegerlos. Adicionalmente, esta publicación narra el camino largo y accidentado que Escazú ha tenido en Colombia debido a la presión que varios gremios económicos han ejercido en su contra.
El problema
7 de los 10 países más hostiles para los defensores de los territorios y el medio ambiente se encuentran en América Latina. Colombia es el primero en la lista. En 2020, el 53% de los asesinatos de defensores de los derechos humanos en todo el mundo ocurrieron en Colombia, lo que lo convierte en el país más mortífero para el activismo y el segundo más peligroso del mundo para los defensores que, en particular, plantean preocupaciones sobre la conducta empresarial. Esta creciente ola de violencia está relacionada en parte con los desafíos de implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Desde su firma, más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia. Los cambios en la dinámica del poder local después del conflicto, así como la implementación de la reforma agraria y los programas de sustitución de cultivos ilegales, han desencadenado tensiones entre distintos actores en el territorio. Aunque este escenario fue previsto por el Acuerdo de Paz y por esa razón se acordaron mecanismos para evitar una creciente de violencia contra los defensores del medio ambiente, el actual Gobierno colombiano está en mora de implementarlos plenamente. El presidente Iván Duque no convoca periódicamente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, órgano encargado de diseñar políticas para prevenir los asesinatos de defensores de derechos humanos.
La violencia contra los defensores del medio ambiente en la región difícilmente puede desvincularse de un trasfondo de la conducta empresarial. Proyectos de periodismo investigativo que documentan episodios de violencia contra líderes ambientales y sus comunidades han encontrado que la agroindustria, la tala, la minería y la infraestructura son los principales sectores en torno a los cuales dichos líderes han expresado su preocupación en la última década. El 90% de los ataques en Colombia fueron contra defensores que han alzado su voz en contra de cuatro industrias: minería, combustibles fósiles, agricultura y plantas y represas hidroeléctricas. La mayoría de los ataques fueron contra defensores que expresaron su preocupación sobre cinco empresas en particular, incluida Cerrejón, una empresa minera de propiedad conjunta de BHP, Anglo American y Glencore (consulte nuestro blog sobre cómo Cerrejón ha logrado operar con impunidad en la Guajira Colombiana).
El rol del Acuerdo de Escazú
En este contexto, la ratificación del Acuerdo de Escazú es un paso decisivo para proteger la vida y los derechos de defensores y defensoras del medio ambiente. El tratado establece medidas pioneras que obligan a los Estados partes a establecer salvaguardas para prevenir, investigar y sancionar los ataques, amenazas e intimidaciones que soportan los líderes ambientales. Asimismo, introduce una amplia gama de medidas para (i) implementar efectivamente el derecho de acceso a la información ambiental y establece deberes específicos para que las autoridades proporcionen esa información; (ii) fortalecer la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones ambientales, y (iii) mejorar el acceso a la justicia en temas ambientales, lo que incluye el establecimiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. El derecho a la información se protege de maneras creativas, por ejemplo, motivando a los Estados parte a divulgarla "en los diversos idiomas usados en el país y elaboren formatos alternativos comprensibles". Estos pilares sin duda tendrían un impacto altamente positivo en el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, la transparencia en la toma de decisiones y mayor seguridad jurídica tanto para el Estado como para las empresas y las comunidades.
Ratificar el Acuerdo de Escazú es el inicio de un compromiso entre la sociedad civil, las empresas y los Estados. Anita Ramasastry, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, consideró a Escazú como un "catalizador para el desarrollo sostenible y la conducta empresarial responsable" en América Latina. Con la firma del tratado, 24 Estados han reconocido la importancia de esta herramienta para fortalecer la transparencia, tender puentes entre diferentes actores y prevenir conflictos socioambientales. Sin embargo, sólo 12 estados han ratificado el Acuerdo. Con este número de ratificaciones, se cumplen con las condiciones para que Escazú entre en vigor hoy, 22 abril de 2021; sin embargo, queda mucho por hacer. Algunos de los países donde es más peligroso ser defensor o defensora del medio ambiente, entre ellos Colombia, Brasil y Guatemala, aún no han ratificado el tratado y Venezuela ni siquiera lo ha firmado. Honduras no ha ratificado Escazú a pesar del crecimiento explosivo de proyectos ambientalmente destructivos como la represa de Agua Zarca, el proyecto contra el cual la líder indígena Berta Cáceres estaba ejerciendo resistencia cuando fue asesinada en 2016.
Como herramienta diseñada para canalizar conflictos socioambientales, Escazú representa una gran oportunidad para que países que encabezan los rankings mundiales de conflictividad ambiental, como Brasil y Colombia, fortalezcan su democracia en este ámbito. Las y los defensores del medio ambiente que se manifiestan en contra de ciertas actividades económicas están sujetos a amenazas todos los días, que incluyen agresiones físicas, hostigamiento legal, desaparición, desplazamiento forzado, estigmatización y violencia sexual. La alarmante situación sugiere que se están silenciando los espacios democráticos a través de los cuales líderes y comunidades expresan sus opiniones o preocupaciones ambientales. No es casualidad que los países latinoamericanos con una mala percepción de la democracia coincidan con el mayor número de ataques contra defensores del medio ambiente. La Defensoría del Pueblo del Perú, por ejemplo, ha indicado que más del 65% de conflictos socioambientales ocurren por falta de información y de una participación ciudadana efectiva. En estas circunstancias, los países latinoamericanos no pueden permitirse rechazar este acuerdo. Sin embargo, la cuenta regresiva para que el Acuerdo entre en vigencia ya inició y el panorama político de países altamente conflictivos y que no lo han ratificado, no es muy alentador. Mientras el gobierno colombiano parece estar más interesado en manipular las cifras de asesinatos a líderes sociales que en protegerlos y emprender una campaña robusta para que el Congreso exprese la adherencia definitiva a Escazú, la ratificación brasileña está estancada en un vaivén entre el gobierno y el parlamento.
¿Por qué las empresas se sienten amenazadas?
En muchos países de América Latina, la legislación ambiental se utiliza para proteger los intereses corporativos a expensas de las comunidades y los activistas. En Perú, por ejemplo, manifestantes indígenas desarmados fueron asesinados mientras protestaban contra el acuerdo del gobierno con empresas extranjeras para abrir la selva peruana al desarrollo comercial. Esta escena es típica en América Latina. En un ciclo de impunidad perverso, las autoridades estatales no investigan las amenazas que sufren algunos defensores que protestan contra proyectos corporativos, lo cual deja a las empresas exentas de rendir cuentas por su rol en la disputa. Este es precisamente el tipo de conducta que Escazú pretende regular al enfocarse en la fuente del abuso (daño ambiental) y en la necesidad de proteger a quienes se oponen (defensores y defensoras ambientales). Y aunque Escazú es una herramienta que replica los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, existente desde 2011, algunos sectores de la industria se sienten amenazados por aquél y se oponen a su ratificación. Hay empresas en América Latina que temen que sus intereses económicos se vean perjudicados y parecen cómodas con un status quo que minimiza sus costos y transfiere estos costos ambientales a las comunidades que las rodean.
El Acuerdo de Escazú influiría en la conducta empresarial puesto que, en una reacción en cadena, requiere que los Estados parte impongan a las empresas ciertos estándares. El artículo 6.13, por ejemplo, establece que cada Estado parte debe incentivar “la elaboración de informes de sostenibilidad de empresas públicas y privadas, en particular de grandes empresas, que reflejen su desempeño social y ambiental”. Aunque empresas de la región han adoptado iniciativas voluntarias para la protección de derechos humanos, muchas se oponen a la firma del Acuerdo --que requeriría que los Estados prevengan de manera más activa las amenazas contra defensores/as del medio ambiente. Si bien no hay garantía de que la implementación del Acuerdo será fácil ni exitosa, a América Latina le urgen nuevas herramientas para proteger a sus defensores/as ambientales de amenazas provenientes de gobiernos y de empresas privadas.
Trayectoria del Acuerdo de Escazú en Colombia
La comunidad empresarial y el partido del presidente Duque se han opuesto a la ratificación de Escazú en el Congreso colombiano. Aunque el propio Duque firmó el acuerdo en 2019 (una medida que sorprendió tanto a sus simpatizantes como a sus opositores), el primero de los tres debates que deben surtirse en el Congreso se pospuso cuatro veces. La comunidad empresarial ha cabildeado fuertemente para que el partido del presidente --el Centro Democrático-- se oponga al Acuerdo de Escazú. Si bien Escazú cuenta con el apoyo de cientos de ambientalistas, académicos, grupos étnicos, agricultores y más de 150 organizaciones, el Centro Democrático alega que la ratificación es innecesaria porque, a su juicio, el país ya cuenta con suficientes mecanismos de participación y protección ambiental y, supuestamente, paralizaría varios proyectos de desarrollo. Según una carta del Consejo Gremial Nacional al presidente Duque, el Acuerdo de Escazú puede llegar a establecer limitaciones “en los proyectos generadores de empleo y de desarrollo social que son necesarios para el progreso del país”. En países como Perú y Chile, los gremios frenaron la ratificación del Acuerdo bajo el argumento de que los Estados, al firmarlo, perderían parte de su soberanía. Una decena de organizaciones empresariales en Perú alegó que la ratificación del Acuerdo podría implicar "la abdicación a nuestra soberanía sobre nuestro territorio nacional", lo cual "indudablemente [afectaría] las inversiones". Aunque este argumento también está siendo empleado por algunos Congresistas y sectores económicos en Colombia para impedir su aprobación, el mismo no tiene ningún fundamento. El artículo 3 del Acuerdo niega de plano que los Estados parte deban renunciar a su soberanía. Por el contrario, el mismo dispone que la implementación del Acuerdo se guiará, entre otros, por el "principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales" e incluso prevé que "el acceso a la información podrá denegarse de conformidad con la legislación nacional". Sin embargo, los gremios del ganado, petróleo y banano en Colombia ven la justicia ambiental como una amenaza y han propagado, de manera engañosa, que el Acuerdo es una interferencia indebida a la soberanía nacional y a la capacidad del país de tramitar su propios asuntos, particularmente aquellos relacionados con el equilibrio entre “medio ambiente y desarrollo”.
Sin embargo, en lugar de buscar dicho equilibrio, han sido varios sectores económicos los que han planteado una tajante contradicción entre “medio ambiente y desarrollo”, y a expensas de una visión limitada y distorsionada de este último han justificado enormes daños a la naturaleza y a las comunidades. Está bien documentado que la inestabilidad social y las disputas por la tierra han beneficiado a algunas empresas en Colombia. En el pasado, la explotación ha sido la causa del desplazamiento de humanos y animales. Tanto la minería legal como la ilegal han causado daños excepcionales al medio ambiente, y las empresas gozan de libertad para irse del país cuando la situación resulta compleja. Las consecuencias ambientales de la minería y otras actividades económicas han sido tan extensas que tanto la Corte Suprema como la Corte Constitucional-- dos de los más altos tribunales en el país-- en fallos históricos, han otorgado personería jurídica al Amazonas y al río Atrato, obligando al Estado a implementar la “protección, conservación, mantenimiento y restauración” de ambos ecosistemas.
Las empresas tienen un papel muy importante que desempeñar en este asunto. Hasta ahora, los compromisos empresariales en favor de los derechos humanos siguen siendo voluntarios y, a menudo, no van más allá de la responsabilidad social empresarial. Este es el status quo que las empresas desean mantener al presionar contra la ratificación del Acuerdo de Escazú. En Colombia, ya es suficientemente problemático que actores económicos que se beneficiaron, exacerbaron o contribuyeron al conflicto armado no estén obligados a ser parte del proceso de justicia transicional (como explicamos en una publicación anterior, está sujetos solo a una comparecencia voluntaria ante la Jurisdicción Especial para la Paz). Y aunque Escazú no resuelve la ausencia de responsabilidad de actores que financiaron o se beneficiaron del conflicto, sí es una buena manera de evitar el abuso corporativo en el futuro. Escazú podría acercar al gobierno, a las empresas y a la sociedad civil a la misma mesa. Los mecanismos que prevé podrían ayudar a reducir la incertidumbre e inseguridad en la que viven hoy líderes y lideresas sociales en Colombia. Las empresas de la región --y esto incluye a las empresas multinacionales-- ahora tienen la oportunidad de impulsar una agenda de desarrollo que no ignore los derechos de los defensores del medio ambiente.
Isabella Ariza es un legal fellow de Corporate Accountability Lab y Luisa Gomez Betancur es miembro del Brain Trust de CAL
Este post de blog también está disponible en inglés.
