En marzo de 2021 se cumplieron 20 años de los asesinatos de los líderes sindicales Valmore Locarno y Víctor Orcasita a manos de miembros paramilitares colombianos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), supuestamente financiados, en parte, por la empresa de carbón Drummond Co., la cual tiene su casa matriz en Alabama, Estados Unidos. En el momento de sus asesinatos, Valmore y Víctor eran presidente y vicepresidente de Sintramienergetica, el sindicato que representa a cientos de trabajadores del carbón de Drummond en Colombia. Gustavo Soler, que sustituyó a Valmore como presidente del sindicato, fue asesinado al cabo de un año.
Los asesinatos acabaron con la dirección del sindicato y silenciaron, mediante la intimidación, a todos los demás miembros del sindicato. Como uno de los mayores sindicatos de Colombia, Sintramienergetica sobrevivió y sigue luchando por la verdad y la justicia. Este blog describe el trabajo de los líderes asesinados, el contexto en el que fueron asesinados y la lucha actual contra la impunidad por sus muertes.
Los asesinatos de Valmore Locarno, Víctor Orcasita y Gustavo Soler
El 12 de marzo de 2001, miembros paramilitares detuvieron un bus que transportaba a trabajadores de Drummond que regresaban a sus casas después de un largo turno en una de las minas de carbón de la compañía, la mina Pribbenow. Los paramilitares subieron al bus, identificaron a Víctor y a Valmore y los obligaron a bajar. Ellos mataron a Valmore delante de sus compañeros de trabajo. Llevaron a Víctor a otro lugar, donde lo torturaron y lo mataron. Antes de su muerte, Valmore y Victor lucharon por mejores condiciones de trabajo en la mina de carbón de Drummond y denunciaron públicamente las acciones violentas y la dudosa presencia de grupos armados paramilitares en la región y en la mina de carbón de Drummond, incluida su cafetería. Poco después de los asesinatos, Gustavo Soler, amigo íntimo de Víctor y Valmore, asumió la presidencia de Sintramienergetica. Él fue asesinado siete meses después. Desde entonces, se han presentado varias demandas contra Drummond por su presunto rol en la contratación de mercenarios paramilitares para silenciar a los activistas sindicales.
Durante años, estos asesinatos vivieron en absoluta impunidad, hasta que fiscalía inició investigaciones formales contra antiguos miembros paramilitares y un contratista de Drummond, Jaime Blanco. En 2013, Blanco fue condenado por los asesinatos de Valmore y Víctor. En su testimonio, Blanco (y los miembros paramilitares que rindieron testimonios) explicó cómo un esquema financiero cuidadosamente diseñado entre su empresa, una compañía de servicios de alimentación, y Drummond, financió el Bloque Norte de las AUC, el letal frente paramilitar de la región. Supuestamente, la lucha del sindicato por mejorar las condiciones de trabajo, a la vez que denunciaba públicamente a los grupos paramilitares, condujeron a la decisión de exterminar a los dirigentes del sindicato. Varios miembros del sindicato, incluyendo a Valmore y Victor, fueron caracterizados como "simpatizantes de la guerrilla de izquierda." Hoy, Blanco sigue en la cárcel, pero su caso está siendo examinado por la JEP, un tribunal especial en el contexto de justicia transicional. Blanco espera que la revisión del caso por parte de la JEP le facilite una rebaja de su condena y en sanciones propias a cambio de contribuciones a la verdad y la reconciliación. Su plan de sometimiento a la JEP está siendo revisado actualmente (vea nuestro blog sobre la lucha contra la impunidad empresarial para saber más sobre el caso de Blanco y las oportunidades en el proceso de Justicia Transicional de Colombia).
La conexión de Drummond
Aunque la profundidad de la responsabilidad de Drummond en estos asesinatos y otras múltiples violaciones de los derechos humanos sigue siendo difícil de determinar, el testimonio de Blanco y el de varios ex miembros de grupos paramilitares, y múltiples víctimas y miembros de comunidades afectadas, implican a Drummond en un plan de financiación que benefició a grupos paramilitares. Drummond sabía que estaba operando en un contexto en el que la violencia aumentaba. De hecho, era imposible ignorar el entorno político y social en la zona y en toda la región del Cesar, Colombia. Esto incluía la violencia contra los miembros del sindicato y un patrón generalizado de violencia guerrillera y paramilitar que desplazaba a las comunidades alrededor de la mina de carbón de Drummond. Como mínimo, Drummond adoptó una práctica de business as usual en un entorno de conflicto armado, mientras aumentaba sus exportaciones de carbón en todo el mundo.
Por estos hechos, se presentaron varias demandas en contra de Drummond en Alabama, en representación de las familias de los dirigentes sindicales y de las comunidades afectadas, pero ninguna de ellas se ha resuelto de forma significativa. Sin embargo, las declaraciones obtenidas en muchos de estos procesos también corroboran testimonios anteriores que supuestamente apuntan a un claro esquema financiero en el que estaba involucrada Drummond y que benefició a las AUC con millones de dólares.
La búsqueda de la verdad y la justicia
El pasado mes de diciembre, tras años de lagunas en las investigaciones, la Fiscalía de Colombia acusó formalmente a dos ejecutivos de Drummond por financiar grupos paramilitares y por complicidad en graves violaciones de los derechos humanos. Este ha sido el primer paso prometedor hacia la rendición de cuentas de Drummond y de las empresas implicadas en violaciones de los derechos humanos durante el conflicto colombiano. (En 2004, Chiquita Brands International, la empresa bananera con sede en Estados Unidos, aceptó oficialmente su responsabilidad en la financiación de grupos paramilitares en Colombia tras una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, no hay condenas en Colombia, mientras el complejo proceso de litigio multidistrital contra Chiquita avanza en un tribunal federal de la Florida).
La sociedad civil pidió que los dos ejecutivos de Drummond acusados de graves violaciones de los derechos humanos, José Miguel Linares, presidente de Drummond, y Augusto Jiménez, ex presidente de Drummond, presentarán sus casos ante la JEP con la esperanza de que contribuyan a la verdad y la justicia aclarando el supuesto papel y la participación de Drummond en el conflicto. Ellos no presentaron sus casos a la JEP, una oportunidad perdida.
Aunque la lucha por la justicia y la verdad ha sido lenta y dolorosa, los miembros de Sintramienergetica, incluidos los que presenciaron personalmente el momento en que Víctor y Valmore fueron sacados violentamente del bus (y también el momento en que uno de ellos fue asesinado en frente de sus compañeros), siguen luchando por la verdad y la rendición de cuentas. El mes pasado, en conmemoración de las vidas de los líderes sindicales asesinados, el sindicato organizó un acto conmemorativo en el que pidieron responsabilidades, no sólo por los asesinatos de sus amigos, sino también por el papel de Drummond en varias otras presuntas violaciones de los derechos humanos, como el desplazamiento y el impacto negativo de la extracción de carbón de Drummond para el medio ambiente y las comunidades (vea la página de Facebook de Sintramienergetica para ver un vídeo completo del acto conmemorativo). En medio de la continua victimización, los miembros del sindicato y las familias de las víctimas se reunieron para hablar del pasado, el presente y el futuro de la industria del carbón con la esperanza de que se haga justicia. La incesante lucha de Sintramienergetica exige específicamente que Blanco contribuya al proceso de búsqueda de la verdad en la JEP y a la rendición de cuentas mediante una investigación exhaustiva.
El conflicto civil colombiano y el papel de las empresas
Estos asesinatos se produjeron en un complicado escenario de conflicto armado. El conflicto Colombiano, ha durado décadas y es visto como una guerra civil entre guerrillas de izquierda, grupos paramilitares de derecha y fuerzas de seguridad oficiales. Este conflicto ha provocado graves violaciones de los derechos humanos, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos y un patrón generalizado de fuerte violencia que afecta principalmente a las comunidades marginadas. (Para más información sobre este tema, consulte nuestro blog sobre la responsabilidad de las empresas y la justicia transicional en Colombia y más allá). La lucha de poder por el control de la tierra ha alimentado aún más el conflicto. Los actores privados, incluidas las empresas multinacionales, exacerbaron aún más la complejidad del conflicto armado colombiano al financiar directamente a los grupos armados ilegales y al apoyar el conflicto o beneficiarse de él. En este contexto, Colombia inició un proceso de paz en 2016, que culminó con el actual sistema de justicia transicional que estableció la Comisión de la Verdad (CEV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y una Unidad Especial para localizar a las víctimas desaparecidas (vea nuestro blog sobre la lucha contra la impunidad empresarial para saber más sobre las oportunidades en el proceso de justicia transicional colombiano).
Aunque muchas de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado dieron lugar a procesos administrativos y judiciales, así como a procesos dentro de los mecanismos formales de justicia transicional, el papel de los actores económicos, como las empresas, apenas se empieza a explorar. La rendición de cuentas de los actores económicos en este contexto es escasa y la impunidad de la violencia antisindical y los esfuerzos calculados para exterminar a los líderes sindicales siguen siendo la norma. (Este no es un problema exclusivo de Colombia, por lo que hemos creado el Laboratorio Global de Rendición de Cuentas Empresarial para una Paz Sostenible para seguir explorando estas cuestiones y promover la responsabilidad corporativa en contextos de transición).
Recordando a Valmore, Víctor y Gustavo
Tal vez una de las mejores maneras de defender los pilares de la justicia transicional, incluyendo la verdad y la reconciliación, es recordar y celebrar las vidas de aquellos que lucharon por la justicia y defendieron a sus compañeros, a pesar de los riesgos que enfrentaban. Al reflexionar sobre la impunidad que sigue acompañando a este caso, y a muchos otros en Colombia (y más allá), es importante resaltar el papel de las familias de las víctimas y de los afectados directamente por estos asesinatos, como Sintramienergetica, escuchando sus preocupaciones y demandas. Las vidas de Valmore, Víctor y Gustavo no se olvidan, y al compartir su historia y la lucha contra la impunidad, mantenemos viva su memoria.
Tatiana Devia es abogada de Corporate Accountability Lab.
Este blog también está disponible en Inglés.
