El mes pasado, Corporate Accountability Lab presentó el informe Una justicia transicional integral: El papel de los actores económicos en el conflicto armado colombiano y una justicia restaurativa a la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia ("JEP"). El informe examina el papel que tuvieron las multinacionales bananeras en el conflicto armado colombiano y traslada información y evidencia asociada con litigios en tribunales estadounidenses. Esta información evidencia presuntos acuerdos de financiación que beneficiaron a empresas y grupos armados ilegales, los cuales cometieron crímenes y violaciones a los derechos humanos.
El informe pretende apoyar la investigación de la JEP relacionada con los crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado por actores estatales, grupos paramilitares y terceros (Macrocaso 08). Estos terceros incluyen actores económicos, una categoría que incluye empresas multinacionales.
Este informe es la ampliación a una presentación anterior en la que CAL presentó pruebas relacionadas con el Grupo Prodeco ("Prodeco", conformado por tres empresas que son filiales de Glencore) y la presunta financiación de Drummond Ltd. a grupos paramilitares en la región del Gran Magdalena. Las comunidades y los trabajadores de esta región sufrieron abusos generalizados durante las décadas de conflicto armado, incluidos abusos a los derechos laborales, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos. Las víctimas han aportado pruebas indicando que empresas multinacionales contribuyeron a estos abusos y se beneficiaron de ellos.
La ampliación de informe aborda el presunto papel que desempeñaron las multinacionales bananeras Chiquita Brands International, Inc. ("Chiquita") y Dole Food Company ("Dole") en el conflicto armado. La información incluida en este informe se basa en gran medida en la evidencia presentada ante los tribunales de Estados Unidos en el curso de litigios civiles contra estas empresas por presuntas violaciones de derechos humanos y agravios cometidos en Colombia. CAL también proporciona observaciones y recomendaciones basadas en nuestro trabajo con víctimas, organizaciones de la sociedad civil y las comunidades que han sido impactadas por los abusos presuntamente asociados con los esquemas de financiación entre las multinacionales y los grupos paramilitares.
Este blog proporciona información sobre el presunto papel de Chiquita y Dole en el conflicto armado por medio de su financiación a grupos paramilitares. Este blog también amplía la presentación anterior de CAL sobre el papel que Drummond y Prodeco tuvieron en el conflicto, abordando y proporcionando recomendaciones sobre temas como la violencia antisindical, una transición justa y alternativa a combustibles fósiles, y una justicia restaurativa.
Presunta complicidad de multinacionales en la financiación del terror durante el conflicto armado colombiano
La ampliación de informe que CAL le presenta a la JEP se centra en pruebas que indican que Chiquita y Dole entraron en esquemas de financiación con las Autodefensas Unidas de Colombia ("AUC"), una organización paramilitar, designada como Organización Terrorista Extranjera por el gobierno de Estados Unidos, en la región del Gran Magdalena de Colombia.
Chiquita estuvo asociada con violaciones de los derechos humanos en Colombia incluso antes del conflicto armado. En 1928, Chiquita, antes conocida como United Fruit Company, participó en la matanza de cientos de trabajadores bananeros que reclamaban mejores condiciones laborales, en una de las masacres más espantosas de la historia colombiana. En una estrategia que repercutiría décadas después, la empresa presentó a los líderes sindicales y a otras personas que se oponían a la empresa como comunistas que amenazaban sus intereses financieros.
Aunque los ejecutivos de Chiquita conocían la extrema violencia de la guerrilla y los paramilitares en las regiones bananeras y la hostilidad hacia las empresas estadounidenses, tomó la decisión estratégica de priorizar los beneficios económicos y ampliar sus intereses comerciales en Colombia. Chiquita, a través de su filial colombiana, Banadex, adquirió fincas bananeras en las regiones de Urabá y Gran Magdalena, fincas que supuestamente fueron adquiridas a precios ínfimos o mediante el acaparamiento de tierras en el contexto del conflicto armado. (La primera parte de este informe aborda prácticas similares de acaparamiento y despojo de tierras relacionadas con las operaciones de Drummond Ltd).
La ampliacion de informe presenta pruebas sobre el presunto papel de Chiquita en las violaciones de los derechos humanos y los daños, incluidos los asesinatos selectivos, el desplazamiento forzado y la tortura cometidos por los actores armados en la región del Gran Magdalena durante el conflicto. La evidencia aportada es parte de demandas civiles presentadas en los tribunales federales de Estados Unidos en contra de Chiquita, una investigación preliminar de la Corte Penal Internacional, y un acuerdo de 2007 entre Chiquita y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por realizar pagos a las AUC, por los que la empresa fue multada con 25 millones de dólares. Aunque Chiquita se declaró culpable en 2007 de financiar a las AUC y más de 4.000 demandantes han interpuesto demandas en contra de la empresa en los tribunales estadounidenses, los ejecutivos implicados en estos esquemas de financiamiento no han rendido cuentas en Estados Unidos ni en Colombia. El informe de CAL también destaca el papel de Dole en el conflicto armado. A través de su filial Tecbaco, Dole presuntamente financió a grupos paramilitares, incluidas las AUC. Mientras que la búsqueda de justicia contra Chiquita ha sido larga y decepcionante, la rendición de cuentas de Dole ha sido aún más evasiva. Estos casos demuestran la dificultad de exigir responsabilidades a las poderosas multinacionales y respaldan la necesidad de que instituciones como la JEP sigan investigando.
El informe también analiza el nexo entre actores económicos, grupos paramilitares y actores estatales. Las pruebas sugieren que, en ocasiones, las AUC actuaron como agentes del Estado, lo que permitió que se cometieran conductas delictivas con impunidad.
Una iniciativa hacia una justicia restaurativa
CAL consultó con comunidades afectadas sobre el significado de una reparación integral a través de un marco de justicia restaurativa, y sus observaciones y recomendaciones se incluyeron en el informe. Algunas recomendaciones de las comunidades con respecto a las medidas de reparación incluyen una mayor participación de las víctimas, reparaciones simbólicas, y materiales pedagógicos sobre la cuestión de la libertad de asociación sindical y una transición justa. A través de este enfoque centrado en las víctimas, CAL presentó a la JEP una propuesta para la elaboración de planes integrales de reparación y sanciones propias, o aquellas sanciones que la JEP impondrá a todos aquellos que reconozcan su responsabilidad y aporten una verdad exhaustiva.
Además, CAL compartió observaciones sobre la ausencia de participación de las víctimas en los procesos en curso dentro de la JEP y otras instituciones. Este problema se identificó previamente a través de nuestro trabajo en Colombia con los socios del programa, Dejusticia y la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, Este hallazgo llevó a la elaboración de dos documentos de política pública compartidos con la JEP: (1) Participación de las víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz: Hallazgos y recomendaciones para casos de terceros civiles sometidos voluntariamente y (2) La Reparación de víctimas de actores económicos ante la JEP. (Estos documentos de política pública fueron publicados por Dejusticia en el marco del Programa de Justicia Transicional de CAL).
La evidencia analizada y los resultados y observaciones basados en el trabajo de CAL en Colombia dibujan un claro panorama del papel que han tenido las empresas multinacionales en la exacerbación del conflicto armado y los daños sufridos por la población civil. Investigar el papel de los actores económicos, incluidas las multinacionales, y responsabilizar a todos los actores involucrados en la ejecución de la violencia es crucial para lograr un proceso de paz total y el desarrollo de un marco duradero de garantías de no repetición.
Colombia se encuentra en medio de un proceso de justicia transicional, que proporciona un marco para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición a través de su Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Para más contexto, consulte este blog sobre la presentación anterior de CAL a la JEP y este blog sobre la lucha contra la impunidad empresarial en el entorno transicional de Colombia.
Este post también está disponible en inglés.
Tatiana Devia es abogada de CAL y Danny Cossey es una pasante legal y estudiante 3L en la Escuela de Derecho de la Universidad George Washington.
