El conflicto civil en Colombia cobró la vida de más de un cuarto de millón de personas, la gran mayoría de ellas, personas civiles. Las estadísticas oficiales muestran que casi medio millón de personas sufrieron el impacto directo de la violencia física, incluyendo violenciasexual y de género, secuestros, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Millones de personas fueron desplazadas forzadamente de sus hogares y se les arrebataron ilegalmente sus tierras. Los actores armados y quienes los financiaron son responsables de aterrorizar a la población durante más de cinco décadas, utilizando la violencia y la intimidación para consolidar su poder y promover sus intereses.
Gran parte de esto es ampliamente reconocido. Lo que ha sido menos visible es el papel que ciertas empresas multinacionales pudieron tener en la financiación y coordinación de las actividades de los grupos paramilitares colombianos. De hecho, para utilizar un concepto jurídico colombiano, las pruebas sugieren que entre dichas empresas se encontraban "máximos responsables" de los abusos cometidos contra la población civil. Ahora que Colombia se encuentra en un período de rendición de cuentas con el pasado -y cuenta con el marco de justicia transicional más avanzado del mundo- ya es hora de que se expongan las pruebas de la complicidad de las empresas en los abusos a los derechos humanos que se produjeron durante el conflicto armado.
Corporate Accountability Lab presentó recientemente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la primera parte de un informe sobre el papel de las empresas multinacionales en el conflicto armado. El informe sirve para apoyar las investigaciones del tribunal de justicia transicional sobre los crímenes cometidos en regiones como el Cesar y el Magdalena Medio a través de asociaciones entre agentes del Estado, paramilitares y "terceros" ("terceros civiles" o "no combatientes"). La última de estas categorías es muy amplia y puede incluir a las empresas.
Este blog presenta una breve introducción a la JEP y sus áreas de investigación, así como un resumen de las pruebas incluidas en el informe de CAL -incluyendo las pruebas que apoyan las acusaciones contra el Grupo Prodeco, Drummond Company, Inc. y Drummond Ltd. por la presunta financiación de grupos armados ilegales y la complicidad en atrocidades cometidas contra civiles. Por último, este post destaca la necesidad de incluir a los actores económicos en los procesos de justicia transicional.
El papel de todos los actores -no sólo de los combatientes- debe tenerse en cuenta para lograr la justicia y una paz sostenible en Colombia y más allá.
Sobre la JEP y sus áreas prioritarias de investigación
La JEP es un tribunal de justicia transicional establecido por los acuerdos de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo ("FARC-EP") y forma parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición del país. La JEP investiga los actos de violencia cometidos durante el conflicto armado y administra las decisiones judiciales a través de un marco de justicia penal.
La JEP se centra en los que se consideran los peores y más emblemáticos crímenes cometidos durante el conflicto y patrones de macrocriminalidad. El tribunal tiene jurisdicción obligatoria sobre los miembros de las fuerzas armadas colombianas y los ex combatientes de las FARC. Los actores estatales no militares y los "terceros" sólo están sujetos a la jurisdicción de la JEP si se someten voluntariamente a ella, una laguna jurídica que ha resultado útil para la impunidad corporativa.
La JEP tiene siete "macrocasos" en curso relacionados con algunos de los peores abusos cometidos durante el conflicto. Estos casos exploran la violencia masiva en forma de toma de rehenes, desapariciones forzadas, reclutamiento de niños en grupos armados y atrocidades específicas a determinadas regiones del país. La JEP anunció recientemente que estudiaría la posibilidad de abrir tres nuevos "macrocasos", incluido uno sobre "crímenes cometidos por miembros de las fuerzas armadas, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y 'terceros''' en varias regiones, incluidos los departamentos de Magdalena y Cesar, donde la violencia masiva durante el conflicto fue generalizada.
Dado que nombra explícitamente a los "terceros", al investigar este macrocaso, la JEP puede considerar el papel de los actores económicos, como las empresas multinacionales, en crímenes que incluyen la violencia sexual y de género, los asesinatos, las masacres, las desapariciones forzadas, la tortura, el desplazamiento forzado y el acaparamiento de tierras en las regiones de interés. Sin embargo, la participación de las empresas en los procedimientos posteriores requeriría el sometimiento voluntario a la jurisdicción de la JEP.
Es en el contexto de este macrocaso que CAL presentó su informe sobre evidencia que demuestra el papel de las empresas multinacionales en el conflicto armado, centrándose en la presunta financiación de grupos paramilitares por parte del Grupo Prodeco y Drummond Company.
Presunta complicidad de empresas multinacionales en el conflicto armado colombiano
El informe de CAL, que fue presentado a la Sala de Reconocimiento de la Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, se centra en el presunto papel de dos empresas mineras, el Grupo Prodeco y Drummond Company, Inc. (junto con su filial Drummond Ltd.), en el conflicto armado colombiano.
El Grupo Prodeco es un conglomerado propiedad de la multimillonaria empresa extractiva anglosuiza Glencore International. El Grupo es uno de los tres principales productores y exportadores de carbón colombiano. Tras décadas de éxito en Colombia, el grupo Prodeco renunció a sus contratos mineros en 2021 y ha comenzado a poner fin a sus operaciones en Colombia.
Drummond Company, Inc. es una empresa privada estadounidense de miles de millones de dólares que toca una amplia gama de industrias, pero es ante todo un gigante del carbón. La empresa tiene al menos tres filiales en Colombia. La más relevante de estas filiales para las acusaciones relacionadas con el conflicto armado es Drummond Ltd. Esa filial posee y explota minas en la región del Gran Magdalena y ha sido el mayor exportador de carbón colombiano durante los últimos seis años.
El informe de CAL a la JEP destaca la presunta complicidad de estas empresas en los crímenes cometidos en la región del Gran Magdalena entre mediados de los años 90 y mediados de los 2000. Aportamos pruebas que sugieren que Drummond Company Inc., Drummond Ltd. y el Grupo Prodeco apoyaron financieramente y se alinearon con grupos armados ilegales como el Frente Juan Andrés Álvarez de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El informe de CAL incluye información sobre la presunta complicidad de estas empresas en la financiación estratégica de las AUC a través de intermediarios, y el asesinato de líderes y miembros de sindicatos, el asesinato de personas consideradas colaboradoras de la guerrilla (supuestos enemigos de las AUC), el desplazamiento forzoso y el despojo de tierras para obtener beneficios económicos.
Las acusaciones sobre la financiación de las AUC son significativas porque, en el momento y el lugar en cuestión, el grupo paramilitar -que fue considerado una organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos- fue responsable de cientos de muertes de civiles y de desplazamientos de decenas de miles de personas. Las AUC aterrorizaron a la población mediante actos que incluían masacres de "limpieza social" en las que comunidades marginadas consideradas simpatizantes de la guerrilla eran objeto de eliminación.
El informe de CAL se basa en los testimonios presentados bajo juramento ante los tribunales federales de los Estados Unidos en cinco casos que se han presentado contra Drummond Company, Inc., Drummond Ltd., ciertos ejecutivos de estas empresas y empresas asociadas, además de la información recopilada y compartida por las comunidades afectadas, las organizaciones acompañantes y litigantes de derechos humanos que buscan justicia para las víctimas de los abusos empresariales durante el conflicto armado colombiano.
En las próximas semanas, CAL presentará un informe de seguimiento a la JEP que se centrará en los presuntos abusos en el sector bananero, incluidos los cometidos por la multinacional estadounidense Chiquita.
La importancia de abordar el papel de las empresas en contextos de conflicto
El papel de las empresas en el conflicto armado colombiano -y en todos los conflictos civiles dondequiera que se produzcan- debe abordarse para obtener un mapa completo de lo que impulsa y dirige dicho conflicto y de las atrocidades que se cometen contra la población civil en situaciones de conflicto. La rendición de cuentas es importante para reconocer el impacto humano de las prácticas empresariales que se aprovechan de la inestabilidad social y persiguen el beneficio a toda costa. No reconocer el papel de las empresas en la facilitación de la violencia y los abusos contra los derechos humanos en situaciones de conflicto puede dejar a las comunidades afectadas sin reparación, mantener estructuras de poder abusivas y socavar la paz sostenible. Si no se abordan las causas profundas de la violencia, es previsible que el conflicto resurja.
Comprender el papel de las empresas en los entornos de conflicto y exigirles responsabilidades cuando la justicia lo requiera es especialmente importante en el sector extractivo, donde los impactos sobre los derechos humanos se ven agravados por los daños al medio ambiente y las contribuciones al cambio climático, que a su vez afectan a los derechos humanos de las generaciones actuales y futuras. A medida que el Grupo Prodeco sale de Colombia, y la comunidad internacional busca una transición justa para abandonar los combustibles fósiles, es primordial reconocer y abordar las complejas historias de las industrias extractivas, especialmente cuando esas historias se cruzan con los horrores del conflicto armado.
Este post también está disponible en inglés.
