El mes pasado, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) en alianza con PAX Colombia y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética (Sintramienergética) presentó el informe titulado “La explotación minera de Drummond Ltda.: epicentro de persecución, asesinatos y violaciones de libertades sindicales” a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El informe se centra en la violencia sufrida por el sindicato Sintramienergética, incluyendo el exterminio de sus líderes sindicales en el 2001.
Como antecedente, en marzo de 2021 se cumplió el 20º aniversario de los asesinatos de los dirigentes sindicales Valmore Locarno y Víctor Orcasita a manos de miembros paramilitares colombianos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), presuntamente financiados, en parte, por la empresa de carbón con sede en Alabama, Drummond Company, Inc. y su filial colombiana, Drummond, Ltd. En ese entonces, Valmore y Víctor eran presidente y vicepresidente, respectivamente, de Sintramienergética, el sindicato que representa a cientos de trabajadores de Drummond en Colombia. Gustavo Soler, que sustituyó a Valmore como presidente del sindicato, fue asesinado unos meses después. Sin embargo, en retrospectiva, la ola de asesinatos comenzó en febrero de 2001, cuando Cándido Méndez, un miembro del sindicato que había participado activamente en los esfuerzos del sindicato, fue asesinado en su propia casa por grupos paramilitares.
Estos asesinatos sistemáticos decapitaron al sindicato y silenciaron a sus miembros, pero Sintramienergética fue capaz de sobrevivir como uno de los mayores sindicatos de Colombia. Sintra, como se le conoce coloquialmente, continúa su lucha por la verdad y la justicia.
En la conmemoración del 20º aniversario se intensificaron los esfuerzos para que los responsables de estos crímenes rindan cuentas. Ahora, un año después, Sintramienergetica, varias ONGs y víctimas han presentado múltiples informes a los mecanismos de justicia transicional de Colombia, incluida la JEP, aportando pruebas con respecto al papel que las multinacionales, como Drummond, tuvieron en la violencia contra los miembros del sindicato y las comunidades campesinas a finales de los años 90 y principios de los 2000. Durante ese tiempo, mientras el conflicto armado se intensificó y los grupos paramilitares ilegales se extendieron, las empresas del carbón que operaban en Colombia vieron aumentar sus ganancias. La expansión de los grupos paramilitares ilegales (en particular el frente Juan Andrés Álvarez de las AUC) puede asociarse, hasta cierto punto, con las pruebas de financiación por parte de los actores empresariales en la región. CAL también presentó un informe a la JEP sobre este tema en marzo de 2022.
Este blog es una actualización del blog de abril de 2021. Esta entrada proporciona información adicional sobre los asesinatos de los líderes sindicales, a la vez que describe su trabajo, el contexto en el que fueron asesinados y la lucha actual contra la impunidad por sus muertes.
Pruebas sobre la responsabilidad de los asesinatos de los dirigentes sindicales
El 19 de febrero de 2001, Cándido Méndez, miembro de Sintramienergética, fue asesinado delante de su familia cuando varios hombres llegaron a su casa en la madrugada e intentaron sacarlo por la fuerza. Cuando Cándido se resistió, le dispararon delante de su mujer y su hijo. No hubo ninguna investigación ni ningún tipo de indagación tras este asesinato. Valmore hizo averiguaciones sobre el crimen e hizo circular comunicaciones internas dentro de Sintramienergetica sobre el asunto. Semanas después, fue asesinado. Según su familia, la muerte de Cándido fue probablemente el resultado de su activa participación en el sindicato y cuestionamiento público de la empresa Drummond, debido a la creciente presencia de grupos paramilitares fuertemente armados en el área de operación de Drummond. Cuando su familia intentó investigar la muerte de Cándido, su hijo fue amenazado.
El 12 de marzo de 2001, grupos paramilitares interceptaron un bús que transportaba a trabajadores de Drummond quienes regresaban a sus casas después de una larga jornada de trabajo en la mina Pribbenow de Drummond. Los paramilitares subieron al bús, identificaron a Víctor y a Valmore y los obligaron a bajar. Los paramilitares mataron a Valmore delante de sus compañeros de trabajo y se llevaron a Víctor a un lugar donde lo torturaron y asesinaron. Como dirigentes sindicales, Valmore y Victor exigían mejores condiciones de trabajo en la mina de carbón de Drummond y denunciaron públicamente las acciones violentas y la sospechosa presencia de grupos paramilitares en la región, incluso en la mina de carbón de Drummond (en particular en su cafetería). Poco después de los asesinatos, Gustavo Soler, amigo íntimo de Víctor y Valmore, asumió la presidencia de Sintramienergética y fue asesinado meses después.
Desde entonces, se han presentado varias demandas contra Drummond por su presunta implicación en la contratación de mercenarios paramilitares para silenciar a los activistas sindicales. Durante años, estos asesinatos quedaron en la impunidad, hasta que los fiscales colombianos por fin iniciaron investigaciones oficiales contra antiguos miembros paramilitares y un contratista de Drummond, Jaime Blanco. En el 2013, Blanco fue condenado por los asesinatos de Valmore y Víctor. En su testimonio, Blanco (y los miembros paramilitares en sus propios testimonios) explicó cómo un esquema cuidadosamente diseñado que involucraba a su empresa, una compañía de servicios de alimentos, y a Drummond, financiaba al Bloque Norte de las AUC. Supuestamente, los esfuerzos del sindicato por abogar por la mejora de las condiciones de trabajo y denunciar públicamente a los grupos paramilitares, condujeron a la decisión de exterminar el sindicato, al mismo tiempo que caracterizaban a los dirigentes sindicales como "simpatizantes de la guerrilla de izquierda". Actualmente, el caso Blanco está siendo examinado por la JEP. Su expediente y el plan propuesto como medida de reparación a las víctimas están siendo revisados (véa nuestro blog sobre la lucha contra la impunidad empresarial para saber más sobre el caso de Blanco y las oportunidades en el proceso de Justicia Transicional de Colombia).
Las familias de los líderes sindicales y los miembros de la comunidad afectados han presentado varias demandas civiles contra Drummond en Alabama, pero ninguna de ellas se ha resuelto de forma significativa. Las declaraciones obtenidas en muchos de estos procesos corroboran, sin embargo, los testimonios que señalan el esquema financiero que involucra a Drummond y que benefició a las AUC.
La búsqueda de la verdad y la justicia
En diciembre de 2020, tras años de lagunas en las investigaciones, la Fiscalía de Colombia acusó formalmente a dos ejecutivos de Drummond de financiar grupos paramilitares y de complicidad en graves violaciones de los derechos humanos. Este ha sido el primer paso prometedor hacia la rendición de cuentas empresarial por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto colombiano. (En el 2004, Chiquita Brands International, la empresa bananera con sede en Estados Unidos, aceptó oficialmente su responsabilidad en la financiación de grupos paramilitares en Colombia tras una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, no existen condenas en Colombia mientras el complejo proceso de litigio multidistrital contra Chiquita avanza en un tribunal federal de Florida).
La sociedad civil ha pedido que los dos ejecutivos de Drummond acusados de graves violaciones de los derechos humanos, José Miguel Linares, presidente de Drummond, y Augusto Jiménez, ex-presidente de Drummond, presenten sus casos ante la JEP con la esperanza de que contribuyan a la verdad y la justicia aclarando el supuesto papel y la participación de Drummond en el conflicto. Es importante destacar que la JEP no tiene jurisdicción obligatoria sobre los actores económicos. Por el contrario, estos actores tienen la oportunidad de presentar voluntariamente sus casos a la JEP para su revisión, lo cual se les incentiva a hacer porque la jurisdicción de la JEP les brinda ciertos beneficios. En este caso, Linares y Jiménez optaron por no presentar sus casos ante la JEP, sino que recurrieron la acusación. Este caso está actualmente en curso.
Aunque la lucha por la justicia y la verdad ha sido lenta y dolorosa, los miembros de Sintramienergética, incluidos testigos del secuestrado y asesinato de sus colegas, siguen luchando por la verdad y la rendición de cuentas. La familia de Cándido, incluida su hija, Maira, participa activamente en las actividades de Sintramienergetica y se dedica a defender la verdad y la justicia. El año pasado, en celebración de la vida de los líderes sindicales asesinados, el sindicato organizó un acto conmemorativo en el que los miembros exigieron la rendición de cuentas, no sólo por los asesinatos de sus compañeros, sino también por la supuesta implicación de Drummond en varias otras presuntas violaciones de los derechos humanos, como el desplazamiento y el impacto de la extracción de carbón en el medio ambiente y las comunidades circundantes (vea la página de Facebook de Sintramienergética para ver un vídeo completo del acto). En medio de la continua victimización, los miembros del sindicato y las familias de las víctimas se reunieron para hablar sobre el pasado, el presente y el futuro de la industria del carbón con la esperanza de que se haga justicia. La incesante lucha de Sintramienergética exige específicamente que Blanco contribuya al proceso de búsqueda de la verdad en la JEP y a la rendición de cuentas mediante una investigación exhaustiva.
Ahora, tras las recientes presentaciones de informes a la JEP sobre estos temas, existe la esperanza de que estos asesinatos y otras violaciones relacionadas no queden en la impunidad. Mientras la JEP desarrolla su próximo grupo de macrocasos (un surtido de hechos graves del conflicto armado que se tratan en un caso general centrado en tema, actor o región), y el caso criminal contra los ejecutivos de Drummond continúa, las familias de las víctimas y el sindicato, en asociación con varias organizaciones, han combinado esfuerzos para asegurar que el presunto papel de las compañías mineras de carbón, incluyendo Drummond, en la financiación de los grupos paramilitares ilegales y los ataques contra el sindicato, no sea ignorado. El 16 de marzo, CAL participó en una audiencia especial en la JEP para apoyar sus esfuerzos para investigar el papel que los actores económicos, en alianza con los actores estatales, tuvieron en el conflicto armado colombiano.
El conflicto civil colombiano y el papel de las empresas
Estos asesinatos se produjeron en un complejo escenario de conflicto armado. El conflicto Colombiano, que duró décadas, una guerra civil entre guerrillas de izquierda, grupos paramilitares de derecha y fuerzas de seguridad oficiales, implicó graves violaciones de los derechos humanos, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos y un patrón generalizado de violencia continua que afectó de manera desproporcionada a comunidades marginadas. (Para más información sobre este tema, consulte nuestro blog sobre la responsabilidad de las empresas y la justicia transicional en Colombia y más allá). En este contexto, Colombia inició un proceso de paz en 2016, que culminó con el actual sistema de justicia transicional que estableció una Comisión de la Verdad (CEV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) (ver nuestro blog sobre la lucha contra la impunidad empresarial para saber más sobre las oportunidades en el proceso de justicia transicional colombiano).
Aunque muchas de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado dieron lugar a procesos administrativos y judiciales, así como a procesos dentro de previos mecanismos de justicia transicional, el papel de los actores económicos no se ha investigado cuidadosamente. La rendición de cuentas de los actores económicos en este contexto es escasa y la impunidad ante la violencia antisindical y los esfuerzos calculados para exterminar a los líderes sociales y sindicales siguen siendo la norma. (Este no es un problema exclusivo de Colombia, por lo que hemos creado el Laboratorio de Rendición de Cuentas Empresarial para una Paz Sostenible para seguir explorando estas cuestiones y promover la responsabilidad empresarial en contextos de transición).
Recordando a Valmore, Víctor, Gustavo y Cándido
Tal vez una de las mejores maneras de defender los pilares de la justicia transicional, incluyendo la verdad y la reconciliación, es recordar y celebrar las vidas de aquellos que lucharon por la justicia y defendieron a sus compañeros, sabiendo que al hacerlo pondrían sus vidas en grave riesgo. Al reflexionar sobre la impunidad que sigue caracterizando este asunto, junto con muchos otros en Colombia (y más allá), es importante centrarse en las familias de las víctimas y en las personas y organizaciones que se vieron directamente afectadas por estos asesinatos, para escuchar sus preocupaciones e implementar sus propuestas para una reparación integral. Las vidas de Valmore, Víctor, Gustavo y Cándido no se olvidan, y al compartir su historia y la lucha contra la impunidad, mantenemos viva su memoria.
Este post también está disponible en inglés.
Tatiana Devia es abogada del Corporate Accountability Lab.
